Incapacitación Judicial

Incapacitación Judicial Referencia Nacional de Abogados Especializados en Procedimientos de Incapacitación Judicial y Curatela

Abogados para Incapacitación Judicial y Curatela

Abogados Especialistas en la Incapacitación Judicial y Curatela en toda España

El procedimiento para incapacitar a una persona precisa de un abogado y de un procurador. La incapacitación se obtiene por sentencia judicial y requiere de intervenciones técnicas que sólo un abogado experto en la materia conoce en profundidad.

Asegurar el cumplimiento de los derechos y de las obligaciones de un discapacitado, supone actuar para que las medidas judiciales lo protejan. Nuestros abogados especialistas en curatelas (incapacitaciones) tienen la competencia y la experiencia imprescindibles para garantizar la mejor solución al proceso.

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Abogados altamente especializados y con mucha experiencia en asuntos de incapacitación judicial y curatelas.

En la práctica, realizar convenientemente los trámites necesarios para la incapacitación de una persona es muy complicado si no se cuenta con la participación de un buen abogado.

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La necesidad de un buen abogado para gestionar una incapacitación

El abogado se hace cargo del proceso de la solicitud y lo gestiona el procedimiento en cada una de sus etapas. Nuestros expertos, que son reconocidos por su experiencia y eficiencia en casos de incapacitación judicial, asumen desde la solicitud y presentación de la demanda hasta la resolución de la sentencia judicial, informando puntualmente al cliente de cada paso en dicho procedimiento.

Como resumen de las acciones que intervienen en una tramitación de incapacitación judicial, exponemos las siguientes:

  • Redacción del escrito de solicitud para presentar en el juzgado. La experiencia muestra qué información se debe incluir y qué tipo de redacción es la adecuada para que el documento sea claro y conciso. Un escrito con defectos retrasará el trámite o provocará errores en la interpretación del juez.
  • Presentación de la solicitud en el juzgado que corresponde al caso. Se asegurará de que el documento haya ingresado sin problemas para el trámite y obtendrá un recibo de entrega para realizar el seguimiento.
  • Recopilación de la documentación necesaria para la incapacitación judicial. Este es una parte muy importante del trámite. En estos documentos debe certificarse la identidad del incapaz y todos los datos personales y de residencia. También deben incluirse informes médicos que certifiquen la incapacidad y descripción de las limitaciones de esa persona. El abogado se ocupará de que estos documentos probatorios sean los adecuados.
  • Solicitud de medidas cautelares de protección previas a la sentencia. Hay situaciones de incapacitación que requieren medidas urgentes de protección al discapacitado. El abogado especialista procederá a solicitar medidas cautelares hasta que se emita la sentencia definitiva.
  • Seguimiento del expediente para asegurar que no se estanque en alguna de las etapas. El juez y los peritos deben estudiar los informes médicos del incapaz, realizarán valoraciones sociales y evaluaciones para asegurar el estado de la persona. El abogado estará pendiente en el juzgado, reclamando con frecuencia para que el expediente siga su curso y acelere su marcha.
  • Presencia en la elección del curador o del tutor. Esta es una etapa posterior a la sentencia, cuando el juez ha decidido aprobar la solicitud de incapacidad judicial. El abogado se asegurará de que se elija a la persona o institución más adecuada a la situación. Consultará a los familiares para llevar alguna propuesta al magistrado.
  • Informar durante todo el proceso de la marcha del mismo. El abogado mantendrá al tanto a la persona responsable de la solicitud de la marcha del proceso y de los pasos a seguir. Tendrá en cuenta sus decisiones y la asesorará en todo momento.

Es preciso considerar que los procedimientos por incapacitación judicial suelen demorar mucho. En la vida de una persona discapacitada pueden aparecer situaciones y eventos en los que su incapacidad le impida actuar. Mientras transcurre el procedimiento y hasta que el juez dicta sentencia, el discapacitado permanece un tanto solo judicialmente hablando.

Nadie está habilitado legalmente para apoyarlo en sus decisiones. Y si alguien lo hace por su propia voluntad, sin que medie resolución judicial, se pueden generar serios problemas. Por lo tanto, la celeridad de los procesos es clave para el bienestar de esa persona.

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En función de nuestra experiencia, hemos estructurado estrategias que permiten ahorrar tiempo y costes a los clientes. Nos encargamos del procedimiento desde su inicio, presentando la correspondiente demanda y escritos necesarios para la correcta resolución del expediente.

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