Temas fundamentales vinculados con las causas para incapacitar a una persona
Para encarar un proceso de incapacitación judicial es útil conocer:
Causas que determinan la incapacidad de una persona
Para incapacitar a una persona es necesario comprobar que la misma ha perdido facultades para mantener la autonomía en su vida. La persona se vuelve dependiente y el Estado debe velar por sus derechos, por su bienestar y su patrimonio.
Algunas enfermedades y trastornos que más frecuentemente incapacitan a una persona son, entre otras muchas:
- Esquizofrenia
- Paranoias
- Psicosis
- Toxicomanías
- Alzheimer
- Demencia senil
- enfermedades del espectro autista
De acuerdo con el Código Civil, son causa de incapacidad todas las enfermedades o deficiencias persistentes que impiden que una persona se gobierne por sí misma.
Las causas se formulan de un modo general, y en ellas se destacan dos condiciones importantes:
- Una enfermedad o trastorno es persistente cuando no se visualiza solución posible. Es decir, se estima que el problema es para siempre.
- La imposibilidad de gobernarse se evidencia porque la persona ha perdido aptitudes para tomar decisiones y para obrar por sí misma en el ejercicio de sus derechos civiles.
En estos dos conceptos se afirman las causas para incapacitar a una persona.
Ahora bien, no basta con que un médico compruebe la incapacidad, sino que debe existir una sentencia judicial que así lo reconozca. En esta sentencia el juez establecerá las medidas de protección que considera adecuadas de acuerdo con la situación de la persona incapacitada. Para obtener el mayor beneficio legal posible y que se respeten todos los derechos, es fundamental contar con un buen abogado.
¿Qué personas pueden ser incapacitadas por una sentencia judicial?
Si bien las personas ancianas por su deterioro debido a la edad son las más afectadas, la incapacidad no es un tema de edades. Ni el Código Civil ni la Ley 8/2021 de reciente entrada en vigor, hacen mención especial de las personas que pueden ser incapacitadas, excepto la referencia a los menores de edad.
En general, la medida de la incapacitación puede aplicarse a todas las personas mayores de edad y a los menores emancipados. Basta que se cumplan las condiciones referidas a un trastorno persistente que le impide gobernarse.
La ley no exige que la incapacidad sea total. Por tanto, puede aplicarse a personas que, si bien tienen limitadas sus aptitudes jurídicas, no requieren de apoyo permanente porque pueden resolver voluntariamente por sí mismas algunas situaciones.
La incapacidad admite graduaciones en función de las limitaciones de la persona con respecto a su capacidad jurídica. Hay casos en los que el juez decreta una incapacitación total de la persona y otros en los que establece una incapacitación parcial.
Qué es la curatela y quiénes pueden ser curadores de una persona con incapacidad
De acuerdo al concepto de medidas de apoyo establecido en la ley 8/2021, el juez dispondrá la actuación de un curador en casos en que la persona requiera de asistencia permanente.
La sentencia judicial establecerá los actos en los que la persona incapacitada requiere de la actuación del curador y aquellos en los que la representará para la toma de decisiones. Por ningún motivo la curatela implica privación de derechos.
Pueden ser curadores las personas con edad apta para la función y fundaciones sin ánimo de lucro. Generalmente la curatela recae en la persona que ejercía la guarda de hecho, en el cónyuge o en otra persona que conviva con el representado, descendiente o ascendiente. Hay situaciones en las que el incapacitado propone él mismo a su curador. Pero siempre será designado formalmente por el juez.
Algunas condiciones del curador:
- Puede recibir retribución por sus funciones.
- Los gastos por su tarea le serán pagos.
- Mantendrá estrecho contacto con su representado.
- Informará periódicamente a la autoridad judicial acerca del estado personal y patrimonial de la persona incapacitada, y rendirá cuentas de su tarea.
La ley no detalla causas para incapacitar a una persona, por lo que no existe una lista de enfermedades o trastornos que se consideren válidos. El equipo médico evaluará el efecto que esos trastornos tienen para la vida autónoma y autosuficiente. Esta evaluación será la base para la sentencia judicial de reconocimiento de incapacidad.